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una distribución más equitativa de competencias
en los tres ámbitos de gobierno? ¿Definirá los
espacios y mecanismos para lidiar con la dimensión
participativa y plural de la sociedad?
En la actualidad existen múltiples factores
–
tales como el crecimiento de la población, la
concentración en grandes núcleos urbanos, la
variabilidad climática y los efectos del calentamiento
global
–
, que plantean grandes retos a vencer
para alcanzar una gestión sustentable del agua y
disminuir los efectos adversos de los desastres
naturales de origen hídrico.
La presente coyuntura parece ser la oportunidad
idónea para revisar el marco institucional del agua.
Hoy más que nunca existe un consenso entre
los principales actores, en el sentido de que los
problemas de escasez y de conflicto por el recurso
tienden a acentuarse y es necesario contar con un
marco institucional adecuado para responder a las
cambiantes condiciones del entorno.
5.4 A manera de conclusión
Como hemos visto en los capítulos que anteceden,
existen tendencias globales que apuntan hacia los
modelos de buen gobierno, de la misma manera
que existen tendencias globales que impulsan el
uso de las TIC. Este es un rasgo que comparten
las TIC y el sector del agua; más exactamente el
modelo de gobernanza del agua y las TIC: son
impulsados por fuerzas internacionales; obedecen
a tendencias en el ámbito de la macroeconomía.
Además de las políticas externas promovidas
por organismos internacionales como el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional que,
en su momento, “instaron” a los países en vías de
desarrollo a adoptar el modelo de la gobernanza
del agua, así como ahora lo hacen con la adopción
de las TIC. Estas fuerzas emanan también de la
innovación tecnológica y de los grandes capitales
que mueven la industria de TIC a escala global.
Enel ámbitonacional laspolíticaspúblicas enmateria
de TIC cumplen con el objetivo de promover las
transformaciones políticas, económicas y sociales
asociadas con la adopción masiva de las TIC.
A través de las políticas públicas se establece el
arreglo institucional, la conformación estructural
del sector de las TIC: qué agencias públicas
participan en él, el papel de las empresas privadas
y las relaciones entre todas ellas.
En este sentido, resulta muy significativa la reforma
a la Ley de Telecomunicaciones impulsada por el
Presidente Enrique Peña Nieto, ya que establece
con gran claridad el papel que habrá de jugar el
Estado durante los próximos años en el sector de
lasTIC en México. La reforma señala que el Estado
desarrollará la infraestructura necesaria a lo largo
y ancho del país en términos de fibra negra, para
que los operadores puedan disponer de ella.
La reforma no contempla que el propio Estado
sea operador, pese a que la inversión en
infraestructura será financiada por éste. Es decir,
el Estado reducido a su función reguladora y de
árbitro en el mercado de las telecomunicaciones,
que no se obliga ni se compromete a garantizar
el servicio a la población en general, pero sí busca
garantizar condiciones de competencia efectiva
a las empresas transnacionales interesadas en el
sector.
Por lo que hace a la Estrategia Digital Nacional,
de acuerdo con algunos especialistas en el tema,
