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desarrollarse otros instrumentos regulatorios e
institucionales que dan sustento al nuevo enfoque
del Estado en la gestión del agua. En consonancia,
fue publicada la Ley de Aguas Nacionales en 1992,
con lo que el ambiente institucional quedaba
modificado.
Este cambio fue promovido por organismos
internacionales, como el Consejo Mundial del
Agua y el Banco Mundial. Básicamente, señalan
dos nociones fundamentales: que el agua es un
recurso vulnerable y finito; y que el desarrollo y
manejo del agua debe estar basado en un enfoque
participativo (Dávila, 2006). Pero, además, tanto el
Fondo Monetario Internacional como el Banco
Mundial recomendaron ampliamente a los países
en vías de desarrollo abrir la gestión del agua a la
participación privada.
Es posible percibir en esta transformación en
el modelo de gestión del agua una concepción
del agua como parte de un proceso económico,
como un insumo o una mercancía. Se advierte
también un esfuerzo institucional por transitar de
la autoridad exclusiva sobre el recurso hacia otro
concepto de Estado que, en lugar de concentrar
para sí la administración del agua, incorporaba a
otros actores de la vida institucional y social.
De hecho, esta reforma integra al sistema de
gestión del agua dos actores con intereses
contradictorios: los usuarios y las empresas
privadas. Sin embargo, como señalan algunos
autores: “… lejos de haberse realizado tal
transición de manera completa y exitosa, el nuevo
modelo no vino a reemplazar al antiguo sino que
hoy conviven los dos estilos y cada uno tiene
una presencia marcada en el gobierno del agua
(Mussetta, 2009:72).
De esa manera, simultáneamente encontramos
un Estado que se erige como el encargado y
rector del área y, al mismo tiempo, incorpora una
diversidad de actores sociales que deben asumir
responsabilidades en la gestión de los recursos
hídricos.
5.2 Hacia la gobernanza del agua
El modelo de la gobernanza da cuenta y es
la guía orientadora de las políticas de Estado
que convocan a la sociedad civil organizada y
“responsable” a incorporarse en el desarrollo
de un “buen gobierno”. De hecho, el modelo
de participación propuesto en la Ley de Aguas
Nacionales (1992) puede ser entendido en
ese sentido. Es decir, desde un nivel normativo
se diseñó el nuevo ambiente institucional que
enmarcaría a partir de entonces los intercambios
entre los actores económicos, privados y de la
sociedad civil, convocados a participar en este
modelo de gestión del agua.
Desde el Estado se argumenta que la participación
es importante porque los problemas vinculados
con el agua requieren para su solución de la
participación ciudadana. También porque es
una forma de hacer valer los derechos sociales,
la transparencia y rendición de cuentas. De esta
manera, la participación no es un fin en sí misma,
sino un medio para lograr equilibrios y consensos
entre los diversos intereses de desarrollo y medio
ambiente y acercar las visiones de gobierno a las
de la gente (Carabias y Landa, 2005:131).
En un sentido amplio, la gobernanza se refiere a
la capacidad para gobernar –capacidad de acción
estatal en la implementación de las políticas
y en la consecución de las metas colectivas
–
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