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por ciento en radiodifusión”. De esta manera, la
iniciativa promovida por el gobierno federal abre
totalmente el sector de las telecomunicaciones y
da la bienvenida a los capitales extranjeros.
La iniciativa del Poder Ejecutivo propone la reforma
de los artículos sexto y séptimo constitucionales,
consagrados al ejercicio de la libertad de expresión
en sus dos dimensiones: el acceso a la información
pública y el derecho a la libre expresión de las ideas,
preceptos básicos de todo sistema democrático
que se precie de serlo. La propuesta del Ejecutivo
incluye en la redacción del artículo sexto que “el
Estado garantizará el derecho de acceso a las
tecnologías de la información y la comunicación,
así como a los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha”.
Sin embargo, más adelante señala que para
tales efectos, “el Estado establecerá condiciones
de competencia efectiva en la prestación de
dichos servicios”. Según esta lógica, el mercado
y la competencia económica desembocarán
en la ampliación de los derechos políticos y,
en consecuencia, en el desarrollo de nuestra
democracia. De hecho, las medidas económicas
que promueve la reforma poco o nada tienen que
ver con la ampliación de libertades civiles, políticas
o sociales y, dado el caso, seguramente no se trata
de una relación mecánica causa-efecto; más bien
de un fenómeno multifactorial.
La apertura del sector de las telecomunicaciones
a la inversión extranjera plantea por sí misma no
pocos problemas a la promoción y el desarrollo de
las empresas nacionales en el sector, pero además
trae consigo una serie de implicaciones muy serias
en términos de la seguridad y privacidad de la
información de los usuarios. Esto es porque las
empresas de telecomunicaciones estadounidenses
están obligadas a brindar la información que
poseen de sus usuarios al gobierno de los Estados
Unidos de América, si éste así lo requiere. Ello
sin importar que tales usuarios radiquen en un
país distinto a los Estados Unidos de América.
Así, los usuarios mexicanos quedarán aún más
expuestos a las labores de inteligencia y espionaje
estadounidense.
Cabe destacar el papel del Estado, en tanto que
fuerza impulsora de las TIC, en esta reforma. La
iniciativa menciona que el Estado desarrollará la
infraestructura necesaria a lo largo y ancho del
país en términos de fibra negra,
1
para que los
operadores puedan disponer de ella. La reforma
no contempla que el propio Estado sea operador,
pese a que la inversión en infraestructura será
financiada por éste. En suma, el Estado reducido a
su función reguladora y de árbitro en el mercado
de las telecomunicaciones, que no se obliga ni se
compromete a garantizar el servicio a la población
en general, pero sí busca garantizar condiciones
de competencia efectiva a las empresas
transnacionales interesadas en el sector.
Por otra parte, pese a que la reforma contempla
la posibilidad de que, además de las concesiones
comerciales, se otorguen también concesiones
públicas, sociales y privadas, todo en ella apunta
a que las radios comunitarias y otros medios de
1
La fibra negra, también llamada “fibra oscura”, se refiere
a las fibras ópticas que no se iluminan para transmitir información
digital en forma de impulsos de luz. Es decir, los circuitos de
fibra óptica
, que han sido desplegados por algún operador de
telecomunicaciones
, pero no están siendo utilizados. La fibra
oscura es el medio por el que viajan las ondas de luz y permite la
transmisión de cualquier aplicación o protocolo.
