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Viabilidad y barreras para el ejercicio del derecho humano al agua y saneamiento en México
humano al agua: “toda persona tiene el derecho al acceso, disposición y sa-
neamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente,
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho.” Este
es el primer paso y ahora, lo importante, serán los cambios en términos de
lógica de políticas y programas, asignación de presupuesto y generación de
mecanismos de seguimiento, a fin de realmente aterrizar el mandato cons-
titucional y hacer viable que cada ciudadano y ciudadana ejerza su derecho
humano al agua.
Existen varias características del enfoque de derechos humanos que
apuntan hacia la ampliación y mejora del acceso a los servicios básicos de
agua y saneamiento, entre las cuales citamos, por lo menos, cuatro. La prime-
ra tiene que ver con los compromisos que deben asumir los gobiernos para
dar cumplimiento al derecho humano al agua; es decir, los Estados deben
priorizar el acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento para toda
la población. Ello representa un cambio significativo en las prácticas actuales
de los gobiernos, dado que se caracterizan por el uso de grandes cantidades
de recursos públicos para la construcción de infraestructura costosa que no
beneficia a los grupos de mayores carencias y por la asignación de subsidios
orientados a beneficiar a grupos de medianos y elevados ingresos, nueva-
mente a expensas de la exclusión de los pobres (Langdorf y Khalfan, 2006).
Un segundo aspecto del enfoque se refiere a que el acceso al agua es
un derecho legal y no una caridad. La implicación que tiene dicho aspecto
se refiere a la plataforma que brinda a los y las ciudadanos/as de reivindi-
car a los Estados los servicios de agua y saneamiento, y responsabilizarlos
por no garantizar un abasto seguro de agua. Uno de los grandes obstáculos
para que se universalice el acceso al agua es la falta de voluntad política y
la corrupción, que se materializan en exigencias de sobornos por parte de
funcionarios y una gran variedad de arbitrariedades, prácticas bastante co-
munes en algunos países. El derecho “legal” al agua brinda la oportunidad de
construcción de un espacio y mecanismos adecuados para que organismos
de derechos humanos monitoreen los programas gubernamentales de pro-
visión de agua y saneamiento, a fin de asegurar el cumplimiento de sus res-
ponsabilidades. Asimismo, ello refuerza la obligación moral de las naciones
desarrolladas a contribuir con la asistencia internacional, a fin de complemen-
tar los esfuerzos nacionales de los países “pobres” para asegurar el derecho
humano al agua y así ampliar la cobertura del servicio a toda la población
(Castro, 2006; Langdorf y Khalfan, 2006).
