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Reflexiones en torno al derecho humano al agua
como directriz de política hídrica en un número razonable de países de la
región latinoamericana (Sandoval Terán, 2006).
Si bien, como ya se ha mencionado, el Comité de las Naciones Unidas
(
cdesc
) plantea el derecho humano al agua y ello abre precedentes interna-
cionalmente para que los gobiernos de los países adapten sus marcos lega-
les e institucionales a dicha orientación, ello no es vinculante y, como tal, se
queda a discreción de los Estados el diseño de sus políticas públicas. Ahora,
es ingenuo presuponer la voluntad política de los gobiernos de la región por
implementar el derecho humano al agua, en una coyuntura donde los orga-
nismos financieros internacionales presionan a favor de la mercantilización y
privatización de los servicios de agua, aunado a la debilidad institucional que
impera en la región. Asimismo, no necesariamente el discurso del derecho
humano al agua se refleja en la realidad y, no raras veces, la situación que
padecen las poblaciones con respecto a la disponibilidad, accesibilidad y ca-
lidad está absolutamente ajena y lejana de los principios rectores del derecho
humano. Es decir, el reconocimiento del derecho no necesariamente implica
su cumplimiento y, de hecho, aun los gobiernos que reconocen formalmente
el derecho al agua en su marco legal no tienen resuelto el acceso al agua
por parte de toda su población. Sin embargo, el reconocimiento del derecho
humano al agua no deja de ser un imprescindible primer paso, el cual permite
que la ciudadanía, informada de sus derechos, se movilice y responsabilice
al Estado de garantizar su cumplimiento (Helfrich, 2006). Retomando las pa-
labras de Langdorf y Khalfan (2006: 51), “los derechos no reemplazan a las
responsabilidades de la ciudadanía de actuar; sencillamente crean una opor-
tunidad para que las y los ciudadanos ejerciten dichas responsabilidades.”
El estatus actual del derecho humano al agua en el marco internacional
se queda a nivel de sugerencia de un conjunto de principios. Entre ellos, el
costo y el manejo participativo del recurso, los cuales se espera guíen a las
instituciones en la elección de alternativas de políticas coherentes con dichos
principios. De esa manera, les toca a los países, con sus marcos legales e
institucionales, tratar de aterrizar de la mejor manera posible el concepto.
De hecho, se han puesto en marcha enfoques innovadores de suministro
de agua en varios países en desarrollo, cuyas estrategias han permitido un
incremento de la participación y control ciudadano, y una mejoría en la efi-
ciencia y sustentabilidad de empresas públicas de agua. A manera de ejem-
plo de estrategias novedosas e exitosas de gestión del agua guiada por los
