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Viabilidad y barreras para el ejercicio del derecho humano al agua y saneamiento en México
Adicionalmente, hay que considerar la contaminación debida a procesos in-
dustriales y a las actividades agropecuarias altamente contaminantes de los
cuerpos de agua en los ecosistemas. En esa medida, el precepto que debe
regir en el
dhas
es que los costos del agua deben ajustarse también a los
grupos industriales y a las grandes empresas agropecuarias, y no como en
la actualidad, que el peso principal de la obligación del pago recae en la so-
ciedad civil, cuando es claro que el encarecimiento se deriva, principalmente,
de una gestión de los recursos hídricos no sustentable del Estado y de un no
cobro real del agua a los grandes concesionarios. Además de no aplicar la
ley de aguas para los que más contaminan que, en ocasiones, resultan ser
también los beneficiarios del usufructo de los recursos hídricos que concede
la nación. Baste, como ejemplo, la industria minera. En este sentido es claro
que la gestión del agua de las autoridades es insuficiente y omisa en nume-
rosos casos. Esta omisión da como resultado que se generen condiciones
desfavorables que provocan se vaya a contracorriente para hacer factible la
aplicabilidad del
dhas
.
Considerar si la línea de base del
diagnóstico específico a partir del cual
se proyectan los programas y políticas
públicas, se fundamenta en datos que den
cuenta de la dimensión real y concreta de
la problemática del agua y saneamiento
de las poblaciones y familias
El mapa estadístico no es la realidad
La Conagua, en 2013, reportó los siguientes avances en materia de cobertu-
ra de agua potable y saneamiento: de un total de 113 millones de habitantes,
el 92% tiene acceso al agua potable. En las zonas urbanas, la cobertura
es 95.5% y en las zonas rurales de 80.3%. En cuanto a la infraestructura
de alcantarillado (referida al rubro del saneamiento), la cobertura alcanzada
fue de 90.5%. En las zonas urbanas la cobertura es de 96.5% y en zonas
